AMADO

15/08/2017

La clave del Estado de derecho está en la idea de que todos, desde el propio Estado hasta el último ciudadano, desde el más encumbrado hasta el más humilde, están sometidos a la norma jurídica.

AMADOLa primera vez que supe de Fernando Amado, quería ser intendente de Montevideo (él…). Ahora quiere ser presidente, o al menos candidato, por el Partido Colorado. Su mérito más notorio es la generación regular de algún pretexto sonoro para salir en los medios. Su demérito más notorio es que, por alcanzar ese objetivo táctico, no repara en cuestiones de principios. La última exhibición de esa falta de escrúpulos la dio días atrás, cuando primero fue a visitar a Tabaré Vázquez (prensa asegurada) y después concedió su voto en diputados al proyecto de rendición de cuentas en general (otra vez prensa), pero al art. 15 en particular (más prensa). Todo a contramano del partido al que quiere representar como candidato. ¿Por qué me atrevo a expresarme en términos tan severos? ¿Por qué no podría Amado, en la profundidad de su conciencia, entender que debía votar la rendición y el artículo 15 para asegurar la felicidad de la República, aunque le valiera el repudio de sus correligionarios? Y, mi amigo, porque los argumentos de Amado fueron tan, pero tan raquíticos, que ofenden a la inteligencia media. No, no le hace falta argumentar sólidamente; no tiene, no sabe, no puede, no le interesa. Salió en los medios, cumplió su minúsculo objetivo táctico; que supongo supone alimenta su estrategia gigante para juntar votos.

EL HOMBRE QUE CALCULABA

Amado proclama su vocación colorada y batllista; pero al mismo tiempo le da la espalda una y otra vez a la colectividad. Aún ahora, en el momento en que, renovada la Secretaría General, su nuevo titular está haciendo un esfuerzo titánico por recomponer la interna y revitalizar el funcionamiento orgánico, no importó nada, la jugadita de la rendición de cuentas no admitió titubeos. El otro día escuchábamos una especulación, si no necesariamente verdadera, en todo caso verosímil: Amado, con sus permanentes, reiterados, insistentes coqueteos al Frente Amplio, alienta la expectativa de que simpatizantes de ese conglomerado le “presten” su voto en las elecciones internas. Este fenómeno no sería inédito, por cuanto las internas legales, en el caso del Frente, ven acotado su interés por al menos dos circunstancias: (i) las candidaturas se definen en el Plenario, y (ii) los eventuales desafiantes de la candidatura oficial carecen de entidad como para ponerla en riesgo. En ese escenario, algunos grupos frentistas disciplinados irían a votar a otras internas para torcer su resultado, y algunos ciudadanos frentistas “de frontera” harían lo propio por gusto nomás. Si esto fuera así, en una interna colorada en principio disminuida, un par de miles de votos podrían hacer diferencia. Sea como fuere, esta vez el perfilismo de Amado se llevó puesto sus deberes de lealtad partidaria, pero no por apartarse de mayoría, norma o reglamento alguno, sino por violentar el mismísimo principio de separación de poderes, en el que reposan nada menos que la libertad, la democracia y la república. Este es el credo colorado elemental, el que nos sale a todos sin pensarlo, en el que coincidimos sin dudar y por encima de cualquier simpatía, tendencia u orientación. Eso es lo que violentó Amado.  Calculó mal.  

NO HAY DÓNDE PERDERSE

El perverso art. 15 que votó Amado prescribe que, en caso de sentencia condenatoria al Estado por cobro de pesos, el Poder Ejecutivo incluirá la previsión del gasto en una ley de presupuesto o de rendición de cuentas, y habría de pagar la condena tras la aprobación de dicha ley por el Poder Legislativo. Este engendro (ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte cuando el Frente lo votó como art. 733 del Presupuesto), confirma la ignorancia de unos y el desapego de otros por las bases que sostienen al sistema democrático. Pero yo no podría decirlo mejor que como lo dijo Ope Pasquet en la Cámara de Diputados, de modo que tomo sus palabras y las edito para la ocasión. Y dijo así:

La clave del Estado de derecho está en la idea de que todos, desde el propio Estado hasta el último ciudadano, desde el más encumbrado hasta el más humilde, están sometidos a la norma jurídica. Así, ante el Poder Judicial, el Estado y quienes lo enfrentan en un juicio, están en igualdad de condiciones. De modo que cuando el juez dicta sentencia, lo que resuelve debe cumplirse por ambas partes. Si otro poder del Estado pudiera decirle a los jueces: “Yo no voy a cumplir con su sentencia porque no me gusta”, no habría separación de poderes; no tendríamos una justicia independiente, sino que tendríamos una oficina encargada de asuntos jurídicos, cuyas decisiones son revisadas por el Parlamento o por el Poder Ejecutivo. No es ese nuestro sistema, en el cual hay tres poderes claramente distintos, cada cual con sus reglas, y el acto jurídico final emanado de cada uno de ellos no es revisable por el otro. Este es el abecé del Estado de derecho.

El artículo 15 afecta ese Estado de derecho, porque lo que el juez resuelve es que el Estado debe pagar, pero en lugar de pagar sencillamente, ahora el pago depende de la voluntad del Poder Ejecutivo de incluir el gasto en una ley, y de la voluntad del Parlamento de aprobar o no esa ley. De esta forma, se necesitará el concurso de voluntades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para que pueda cumplirse una sentencia del Poder Judicial. ¡Se terminó la independencia del Poder Judicial!

Véase también que esto de que no se quiera cumplir con la ley, no es nuevo. Hay gobernantes que creen que lo político está por encima de lo jurídico, y eso lo aplican también en estas materias. Pero el Estado ya tiene protección, y es que los bienes del Estado son inembargables. Así que, finalmente, el acreedor que tiene la sentencia en la mano, tiene que ir al gobernante, ministro de Economía o quien sea, y decirle: “Señor, págueme, porque tengo derecho”. No puede pedir que se desapodere al deudor de sus bienes y se vendan en subasta pública para cobrarse del producido del remate. Lo que existe es la garantía moral de los gobernantes. Sin esa garantía moral, no hay república. Las garantías del Estado están en la honorabilidad y la conducta de los gobernantes; y no necesitamos estas pretendidas garantías adicionales, que son resquebrajamientos y violaciones del Estado de derecho, lesión a la separación de Poderes y menoscabo de esa integridad jurídica en la que queremos vivir como republicanos, sea cual sea el gobierno de turno. Lo que está en tela de juicio, lo que está impugnado, es la separación de Poderes y la intangibilidad de la cosa juzgada; frente a eso no hay transacción ni componenda de ambulatorio que valga. Nosotros, los colorados, votamos en contra.

Digo yo: ¿qué parte no entiende Amado?

Y HABLÓ LA CONVENCIÓN

Reunida la Convención Nacional del Partido Colorado el pasado sábado 12, votó por abrumadora mayoría una declaración en la que establece el apoyo a los legisladores colorados que votaron en contra del malhadado art. 15 y, a renglón seguido, que el voto del diputado Amado a favor de dicho artículo no representa a la Convención y lastima el sentimiento de la colectividad colorada. Asistimos, en el curso del debate, a toda suerte de escenificaciones por parte de Amado y sus amigos para desviar la atención de lo único importante: que el art. 15 es antiliberal, antidemocrático y antirrepublicano. Ni medio argumento se balbuceó en contra de esta afirmación. Al costo, pues, de prolongar la exposición mediática de Amado, había que ratificar que la mayoría del coloradismo tiene los papelitos claros, y no se pierde por quince minutos de fama.

Miguel Manzi
miguelmanzi@gmail.com
Publicado en Portal MontevideoComm y Semanario Opinar.  Agosto 14, 2017.

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